LA ÉTICA CIUDADANA E INCLUSIÓN

En 1994, se aprobó la Declaración de Salamanca, en la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educacionales Especiales, promovida por el gobierno español y por la UNESCO, de la cual fueron signatarios representantes de cerca de 100 países y diversas organizaciones internacionales. El espíritu de esta declaración es el del “reconocimiento de la necesidad de actuar con miras a conseguir ‘escuelas para todos’, que celebren las diferencias, respalden el aprendizaje y respondan a las necesidades de cada cual”. La declaración deja claro que son las escuelas las que tienen que responder a las necesidades de sus estudiantes, y no al revés.

La Declaración de Salamanca subraya que el enfoque inclusivo es importante no solamente para las personas con discapacidad, sino que para el conjunto de estudiantes ya que promueve valores y posturas de no discriminación, de convivencia en la diversidad, de respeto tanto a la dignidad como las diferencias de todos los seres humanos.

Cinco años más tarde, en 1999, se aprueba otro marco clave: la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas Portadoras de Deficiencia, conocida también como Declaración de Guatemala. Esta Convención reconoce que la discapacidad sigue siendo un grave obstáculo a la plena participación en la vida social, cultural, económica y educacional de la región, y parte de la premisa de que todos los derechos humanos y libertades fundamentales son universales, por lo que comprende sin reservas a las personas con discapacidad. De ahí se reconoce que todas las personas tienen el mismo derecho a la vida y al bienestar, a la educación y al trabajo, a vivir independientemente y a la participación activa en todos los aspectos de la sociedad. Por esa razón, se considera que cualquier acto de discriminación contra una persona con discapacidad es una violación de sus derechos fundamentales.

Una serie de acontecimientos internacionales relevantes, situados en el siglo XX, que respaldan y garantizan la implementación responsable de los proyectos de Integración Educativa.

Resulta enriquecedor señalar algunos datos históricos que nos permiten ubicar la evolución que han tenido los conceptos referidos a la Integración Educativa en el transcurso del siglo pasado ya que reconocer el pasado de este movimiento permite comprender el presente y proyectar nuevas acciones, superadoras, hacia un futuro posible tendientes a concretar una escuela inclusiva, amplia y plural.
 

• 1948 – Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU). Art. 26: “Toda persona tiene derecho a la educación”.

• 1959 – Declaración de los Derechos del Niño (ONU).

• 1968 – Informe de UNESCO, define el dominio de la Educación Especial y llamamiento a los gobiernos sobre la igualdad de oportunidades para acceder a la educación y la integración de todos los ciudadanos en la vida social y económica.

• 1978 – Informe Warnock (Inglaterra, Escocia, Gales) Inspira la ley de educación de 1981 y da impulso a la educación especial.

• 1990 – Declaración Mundial “Educación para Todos y marco de referencia para la acción encaminada a lograr la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje”. Jomtien. Tailandia. (UNESCO, UNICEF).

• 1990 – Informe ANSCAW. Solicitado por UNESCO a la Secretaría de Educación de la Universidad de Cambridge.

• 1993 – Conferencia mundial sobre “Derechos Humanos”. Viena. Programa de acción Mundial.

• 1993 – Normas uniformes para la igualdad de oportunidades para las Personas con Discapacidad: Los Estados deben reconocer el principio de igualdad de oportunidades de educación en los niveles primario, secundario y superior (ONU).

• 1994 – Conferencia Mundial sobre “Necesidades Educativas Especiales. Acceso y Calidad”, Salamanca. España (UNESCO).

• 1996 – Año internacional contra la Exclusión. Reunión de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe. “Educación para el Desarrollo y la Paz: Valorar la Diversidad y aumentar las oportunidades de aprendizaje personalizado y grupal”. Kingston, Jamaica.

El principio de normalización implica un profundo cambio en la manera de concebir la discapacidad en todos los ámbitos de una sociedad y en especial en el tratamiento que le ha dispensado a la educación.

Desde esta mirada, la educación especial es reconocida por sus avances y logros pedagógicos, por su trabajo interdisciplinario y por el respeto al ritmo y modo de aprendizaje de cada uno de sus alumnos superadora de lo que había sido hasta ahora el paradigma de la exclusión. Pero a su vez entra en tela de juicio sobre todo por la restricción que la misma impone al desarrollo y competencia de vida social en la comunidad.

La segregación establecida llega a conformar dos grupos difíciles de articular, por un lado los alumnos con discapacidad que no encuentran su lugar en la sociedad y por otro una sociedad que desconoce la convivencia con este grupo minoritario. Para abordar esta compleja dicotomía surge la imperiosa necesidad de articular ambos grupos en dos direcciones, una tendiente a lograr que los alumnos con discapacidad se incorporen activamente a todos los ámbitos de la sociedad, y a la par otra que propicie que la sociedad acepte y se relacione con las personas con discapacidad en las actividades sociales de la vida diaria.

Los postulados de la normalización suponen una definida postura ética de profundo respeto por el semejante al sostener el derecho de las personas con discapacidad a desarrollar una vida tan normal y común como la de cualquier otro miembro de la comunidad a la que pertenece, para lo que se impone modificar y mejorar las condiciones sociales, educativas y laborales con la expresa finalidad de ofrecer equidad de oportunidades. La propuesta supone reconocer el derecho de cada sujeto a satisfacer necesidades educativas, laborales, recreativas, deportivas, lo que impone normalizar las condiciones de vida de las personas con alguna minusvalía. No se trata de “normalizar” la persona con discapacidad sino de generar un entorno menos restrictivo y más potenciador de su desarrollo.

 

Conclusiones

Estamos transitando un momento de transformación profunda, inmersos en el paradigma de la complejidad, donde conviven la escuela tradicional, la escuela integradora y en el mejor de los casos la escuela inclusiva, amplia y plural que impone el reto del tercer milenio. Por momentos una toma más fuerza que otra y quizás esta realidad sea muy compleja de superar. Lo importante es poder reconocer esta situación, interpretarla, ubicarla en el contexto y operar en consecuencia. La escuela de la diversidad es una novel construcción que no resulta sencilla, que ya está en marcha, sacó pasaje de ida y no tiene regreso.

Las leyes, normativas y decretos son indispensables, marcan lineamientos nacionales y regionales, deben ser estudiadas, comprendidas y gestionadas al interior de las escuelas, ordenan rumbos y definen acciones. Pero no bastan, es necesario trabajar al interior de las instituciones para lograr un cambio de paradigma en los adultos, docentes, porteros, directivos, padres, que conforman la comunidad educativa, que permita construir una escuela plural inmersa en un proyecto superador que es una cultura inclusiva. La inclusión educativa no es una opción, es un derecho.

 

Michel Tatiana Duarte Peña
 

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